Hace varias semanas, ERC anunció su apoyo a los presupuestos del actual gobierno, supeditado a acabar con el dumping fiscal y armonizar la tributación de todo el territorio español. En concreto, se quiere revisar el impuesto de patrimonio y el de sucesiones y donaciones. El primero no se paga en la Comunidad de Madrid, y los otros dos tienen en la capital más exenciones que en otros territorios (incluyendo Cataluña).
La armonización fiscal en España sería necesaria, conforme a las últimas declaraciones de ERC, porque la capital madrileña, valiéndose de una competencia desleal, saca provecho de la (limitadísima) autonomía financiera que tiene permitida.
Si bien es cierto que el sistema de financiación autonómica debería garantizar la igualdad de los ciudadanos, en lo que se refiere a solidaridad, pocas regiones desbancan a Madrid.
Y no lo digo yo; los datos hablan. El principal fondo de ayuda entre regiones es el llamado “Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales”. Pues bien; Madrid aporta más del 70% del mismo. Y es una dotación neta. Es decir, provee sustancialmente más que lo que obtiene de él.
Por tanto, parece injusto tachar a Madrid de ser insolidaria.
Puestos a hablar de desigualdad o de posiciones ventajosas, me vienen a la cabeza las comunidades autónomas más ricas de España (PIB per cápita).. Navarra y País Vasco, las cuales ocupan el segundo y tercer lugar. Siendo sin embargo nula su aportación a este fondo.
Adicionalmente son las únicas CCAA a las que la actual legislación les permite limitar el IS, que es allí cinco puntos porcentuales más bajo para PYMES y un punto más bajo para grandes empresas.
Nuestra Constitución dispone, en concreto en su Disposición Adicional Primera, el mantenimiento de los derechos históricos en los territorios forales, pero también afirma, y cito textualmente, en su art. 138.2, que las diferencias entre los Estatutos de las CCAA no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.
La foralidad debe y puede mantenerse en el ámbito formativo y administrativo, pero dado que es innegable que dicho régimen supone un gran privilegio para dichos territorios en detrimento del resto, ello, sin ninguna justificación razonable, este sería el primer punto de partida para que el sistema de financiación de las CCAA fuese más equitativo y justo.
Reformar y actualizar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es necesario innegablemente, pero no con el objetivo de limitar la autonomía financiera de las regiones que más aportan a fondos comunes, sino para que prevalezca la corresponsabilidad fiscal, de manera que los incrementos marginales de gasto de cada comunidad autónoma estén financiados por incrementos marginales de tributos en esa misma comunidad.
Esto es imprescindible y determinaría que la responsabilidad fiscal del gasto recayese precisamente en la comunidad autónoma que lo realizase, sin que tuviesen que pagarlo los ciudadanos de otros territorios que no van a percibir ningún beneficio.
Que cada cual gaste a partir de lo que ingresa, y no a partir de lo que ingresan los demás.
Y es por ello por lo que a día de hoy no existe entre regiones ningún incentivo a administrar de manera eficiente y diligente el gasto público, ya que el coste de financiarlo no lo soportan los contribuyentes de esa comunidad, sino mayormente los del conjunto de España.
Conseguir esa “competencia sana” por optimizar el gasto-fiscalidad desembocaría en no aprobar gastos que no compensasen a cada comunidad en términos de bienestar a los contribuyentes que lo financian.
Y para que esto pudiese prosperar, el punto de partida sería un modelo que nos permitiese tener una visión global de todos los gastos e ingresos de cada región, además de una clara distinción entre los que se consideran servicios esenciales y los que no. Siendo los primeros los únicos que deberían recaer sin distinción en la totalidad de los contribuyentes españoles y ser gestionados por la Hacienda central. Hablamos del Impuesto de Sociedades, del IVA, del IRPF y del impuesto de hidrocarburos.
En cuanto a los servicios especiales, cuantos más se quieran más impuestos habrá que pagar en cada región, y en función del PIB por habitante de la misma, de manera que sea cada comunidad autónoma la que gestione aquellos impuestos que tienen una incidencia directa en los servicios y beneficios que perciben los ciudadanos de esa región concreta.
Avanzar en la corresponsabilidad fiscal haría que la autonomía financiera alcanzase su pleno sentido, pero la fórmula que se implantase para ello debería complementarse siempre con los pertinentes mecanismos correctores que protejan el principio constitucional de solidaridad, el cual obliga tanto a las regiones entre sí como al Estado con ellas y viceversa.
La política fiscal debe ser utilizada como un instrumento para construir una economía dinámica y competitiva, que favorezca la creación de empleo y que ayude al progreso, además de proporcionar los recursos suficientes para conservar el Estado del bienestar.
CELIA ÁLVAREZ ABOGADA Y REDACTORA EN NEXT ABOGADOS