Tomás Feliu Sagarra, abogado especializado en Derecho Inmobiliario y Urbanismo de Next Abogados, analiza la implementación del sistema de registro para alquileres de corta duración en España, una medida pionera en la Unión Europea que busca regular este mercado en crecimiento.
Un cambio pionero en la regulación de alquileres en España
En octubre de 2024, España fue testigo de una oleada de protestas y manifestaciones ciudadanas que reclamaban soluciones frente a la crisis de acceso a la vivienda, el encarecimiento de los alquileres y el impacto de los apartamentos turísticos. Como respuesta, el Gobierno presentó el Real Decreto que regula la creación de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. Esta normativa introduce la obligatoriedad de un número de identificación para cualquier propiedad destinada al alquiler de corta duración, un requisito indispensable para operar en plataformas digitales.
Con esta medida, España se convierte en el primer país de la Unión Europea en aplicar el Reglamento Europeo 2024/1028, cuyo objetivo es garantizar la transparencia y el control en este tipo de alquileres. Este número de registro tendrá una validez de 12 meses y exigirá a los arrendadores cumplir con estrictos requisitos administrativos y documentales. Las plataformas digitales, por su parte, deberán invertir en sistemas que incluyan estos números y coordinarse con las autoridades competentes para verificar su vigencia y evitar fraudes.
Sin embargo, la implementación de este sistema plantea interrogantes. Según Feliu Sagarra, aunque el sistema busca regularizar un sector descontrolado, los procesos lentos y tediosos de los organismos públicos para obtener o renovar el registro podrían afectar negativamente a los arrendadores. Además, en ciudades como Madrid, las licencias municipales de alquiler turístico están actualmente paralizadas, lo que añade un obstáculo más para operar en este mercado.
En definitiva, aunque este paso supone un avance hacia la regulación del mercado de alquileres de corta duración, solo el tiempo permitirá evaluar su verdadero impacto en la oferta de vivienda accesible para la población local y su efectividad para combatir el fraude.
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